En 2007, el Gobierno de Aruba decidió hacer de la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes una de sus prioridades. En los años posteriores a esta decisión, el Gobierno nombró un Coordinador Nacional y un Fiscal Público especializado, y estableció un grupo de trabajo multidisciplinario y un equipo especial de detectives para investigar casos de trata de personas y tráfico de migrantes. En 2019 se creó el Centro de Coordinación para poder conectar a las diferentes entidades y brindar los servicios necesarios a las posibles víctimas.